La existencia en el mundo en desarrollo de 146 millones de niños menores de cinco años bajos de peso, contrasta con la realidad de los infantes cubanos, reconocidos mundialmente por estar ajenos a ese mal social.
Esas preocupantes cifras aparecieron en un reciente reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), bajo el título de Progreso para la Infancia, Un balance sobre la nutrición, divulgado en la sede de la ONU.
De acuerdo con el documento, los porcentajes de los niños con bajo peso son de 28 por ciento en África Subsahariana, 17 en Medio Oriente y África del Norte, 15 en Asia oriental y el Pacífico, y siete en Latinoamérica y el Caribe. La tabla la completan Europa Central y del Este, con el cinco por ciento, y otros países en desarrollo, con 27 por ciento.
Cuba no tiene esos problemas, es el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la desnutrición infantil severa, gracias a los esfuerzos del Gobierno por mejorar la alimentación del pueblo, especialmente la de aquellos grupos más vulnerables.
Las crudas realidades del mundo muestran que 852 millones de personas padecen de hambre y que 53 millones de ellas viven en América Latina. Sólo en México hay cinco millones 200 mil personas desnutridas y en Haití tres millones 800 mil, mientras en todo el planeta mueren de hambre cada año más de cinco millones de niños.
De acuerdo con estimados de las Naciones Unidas, no sería muy costoso lograr salud y nutrición básica para todos los habitantes del Tercer Mundo. Bastarían para alcanzar esa meta 13 mil millones de dólares anuales adicionales a lo que ahora se destinan, una cifra que nunca se ha logrado y que es exigua si se compara con el millón de millones que cada año se destinan a publicidad comercial, los 400 mil millones en drogas estupefacientes o incluso los ocho mil millones que se gasta en Estados Unidos en cosméticos.
Para satisfacción de Cuba, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) también ha reconocido que ésta es la nación con más avances en América Latina en la lucha contra la desnutrición.
El Estado cubano garantiza una canasta básica alimenticia que permite la nutrición de su población al menos en los niveles básicos- mediante la red de distribución de productos normados.
De igual forma, se llevan a cabo reajustes económicos en otros mercados y servicios locales para mejorar la alimentación del pueblo cubano y atenuar el déficit alimentario. Especialmente se mantiene una constante vigilancia sobre el sustento de los niños, las niñas y adolescentes. Así, la atención a la nutrición comienza con la promoción de una mejor y natural forma de alimentación de la especie humana.
El tema de la desnutrición cobra gran importancia en la campaña de la ONU para lograr en 2015 las Metas de Desarrollo del Milenio, adoptadas en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 2000, y que tienen entre sus objetivos eliminar la pobreza extrema y el hambre para esa fecha.
No exenta de deficiencias, dificultades y serias limitaciones por un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de cuatro décadas, Cuba no muestra desesperantes ni alarmantes índices de desnutrición infantil. Ninguno de los 146 millones de niños menores de cinco años bajos de peso que viven hoy en el mundo es cubano.
La organización denuncia el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional a varios militantes comunistas del PCE(r) y de los GRAPOAL Excmo Sr. Presidente del Congreso de los diputados de las Cortes Españolas
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe al presidente del Congreso de los Diputados y dada la nula respuesta de éste al mismo, decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, al del Gobierno de la nación y a los de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc.
Al no obtener ninguna respuesta de esas preeminentes instituciones del Estado (a excepción del Senado que acusó recibo a través de la Comisión de peticiones de esa Cámara), un año después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté personalmente en la sede del Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir su presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que ni el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, ni el resto de autoridades a las que había dirigido el documento se iban a molestar en acusar recibo del mismo decidí, en febrero de 2008, publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado a lo largo de sus tres décadas largas de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia.
El 4 de abril de 2008, tras las elecciones de 9 de marzo y constituidas las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular, me dirigí por primera vez a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que procediera de inmediato a estudiar e investigar las muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos que le denunciaba, y que son los siguientes;
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis profesionales incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado.
El 8 de octubre de 2008, me dirigí por segunda vez a VE adjuntándole un informe sobre la anómala actuación del monarca español (entonces príncipe de España y a cargo interinamente de la jefatura del Estado español) en relación con la entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de la antigua provincia española del Sahara Occidental. Del que se desprende que, con arreglo a testimonios e investigaciones históricas de toda solvencia, Juan Carlos de Borbón pudo cometer presuntos delitos de alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio del pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria.
Con fecha 2 de marzo de 2009, y con casi un año de retraso, recibí por fin el correspondiente acuse de recibo al primero de mis escritos dirigido a su autoridad, firmado por la jefa del Departamento de Registro y Distribución de Documentos del Congreso de los Diputados, en el que me comunicaba que el citado documento había tenido entrada en esa Cámara y que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la misma para “su oportuno estudio y tramitación”.
En diciembre de 2009, diez meses después de que me llegara la notificación señalada en el apartado anterior, vista la escasa premura con la que se había desempeñado la siempre laboriosa Cámara Baja de las Cortes Españolas en el tema del acuse de recibo a mi escrito de denuncia del rey y ante las puertas de lo que VE ha denominado públicamente como “período hábil entre sesiones” y para el resto de los mortales no dejan de ser unas descomunales vacaciones de Navidad y año Nuevo (48 días), con el peligro añadido de que pasaran decenios antes de que volviera a saber algo de ese “oportuno estudio y tramitación” por parte de la Comisión de Peticiones del Congreso…decidí dar un paso más en la, sin duda, ardua tarea profesional que yo mismo me he impuesto dando a conocer al pueblo español, a través de un nuevo libro (“La Conspiración de mayo”), las últimas y sorprendentes revelaciones sobre el 23-F que obraban en mi poder tras muchos años de investigaciones en lo más reservado del estamento militar. Y que aclaran de una forma definitiva, radical, irrefutable… las tramas, los contubernios y los espurios pactos que jalonaron la larga planificación, preparación y ejecución de tan desgraciado evento de nuestra historia reciente. Revelaciones inéditas que, ingenuamente, venía reservando como oro en paño para ponerlas a disposición de sus señorías cuando de verdad quisieran depurar las altas responsabilidades que a día de hoy, y en relación con ese falso golpe militar, apuntan indefectiblemente hacia la borbónica figura del todavía “rey de todos los españoles”.
Algo debía hacer, sin duda, a título personal, ante la pasividad culpable de la Cámara que VE preside que, resulta meridianamente claro, ha elegido el inconveniente camino del silencio administrativo, el mirar para otro lado y el marear la perdiz ante las gravísimas y reiterativas denuncias presentadas por un ciudadano español contra el actual jefe del Estado; efectuadas, eso sí, tras muchos años de investigación y apoyadas, además, en irrefutables indicios racionales de culpabilidad del mismo en presuntos delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, corrupción… etc, etc. Y ese algo debía ser el sacar a la luz pública, el desvelar por primera vez a los medios de comunicación y a la sociedad española en general uno de los misterios mejor guardados de la transición española, un absoluto secreto militar dormido durante décadas en las entrañas del “gran mudo” castrense español, presentando como nació, se preparó, estudió y organizó el golpe duro “a la turca”, la gran apuesta golpista denominada “Operación Móstoles” dentro de un movimiento militar (un nuevo “Alzamiento Nacional”) de corte franquista que, preparado para ponerse en marcha en la madrugada del 2 de mayo de 1981, hubiera podido conducir al país a una nueva guerra civil. Y para desmontar el cual, saltándose a la torera la Constitución y las leyes, el rey de España no dudó en dar el placet a sus generales cortesanos (Armada y Milans) para que planificaran y ejecutaran, en estrecho contacto con los principales partidos políticos del arco parlamentario español, la chapucera maniobra político-militar-institucional que inmediatamente sería conocida en España y en todo el mundo como el “golpe involucionista del 23-F”.
Señor presidente del Congreso de los Diputados: En poder ya del pueblo soberano mis últimas investigaciones sobre el 23-F y con ellas el secreto mejor guardado del Ejército español en relación con la trama que lo hizo posible y, por lo tanto, a disposición de las Cortes españolas que pueden conocer de primera mano como se fraguó uno de los hechos más controvertidos de la reciente historia de este país, y con mi ofrecimiento más leal para que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado puedan recibir toda la información complementaria que precisen sobre tan importante asunto, me permito solicitar de VE lo siguiente:
Que con arreglo a lo que contempla el artículo 76.1 de la Constitución española, y puesto que ni puede ni debe ser asumido por el pueblo español y sus instituciones el lamentable hecho de que la jefatura del Estado esté ocupada por un presunto delincuente culpable de delitos de golpismo y terrorismo de Estado, se constituya con urgencia en la Cámara que VE preside una Comisión de Investigación que depure las responsabilidades del actual rey de España, Juan Carlos I; tanto en los hechos acaecidos en este país en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (denominados indebidamente desde entonces por los poderes públicos como “intentona involucionista a cargo de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen”) como en los ocurridos entre los años 1983-1986 relacionados con la guerra sucia contra ETA (28 asesinatos y 1 secuestro) a cargo de mercenarios y miembros de los CFSE y del Ejército. Así como en aquellas otras actividades presuntamente delictivas en las que haya podido intervenir o conocer el actual monarca español y que se presentan, estudian y valoran en los periódicos informes que este historiador se ha permitido enviar a las Cortes españolas.
Y como incuestionable corolario, ante la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por Juan Carlos de Borbón tanto en el desempeño de sus atribuciones constitucionales como en aquellas otras que manifiestamente no lo eran o atentaban contra ella, se proceda por el Congreso de los Diputados (máxima representación del poder soberano del pueblo español y única institución nacional que pude hacerlo constitucionalmente) a iniciar los trámites oportunos y urgentes para que las Cortes españolas, de acuerdo a lo que recoge el artículo 59.2 de la Carta Magna, puedan “reconocer la inhabilitación” del actual rey de España, Juan Carlos I, para seguir ostentando la jefatura del Estado español a título de rey.
Sin perjuicio de las responsabilidades de todo tipo (incluidas las penales) que en un Estado verdaderamente democrático y de derecho, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, podrían serle atribuidas en el futuro al ciudadano Borbón y que, vuelvo a repetirle una vez más, señor presidente del Congreso, tienen que ver con gravísimos, y de momento presuntos, delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, fratricidio premeditado, corrupción… etc, etc.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si la Cámara que VE preside piensa seguir despreciando y obviando mis denuncias como ha venido haciendo estos últimos cinco años o hibernándolas a perpetuidad (para estudio y tramitación) en la Comisión de Peticiones de la misma, como ha hecho en los últimos diez meses y parece ser quiere seguir haciendo en el futuro, le ruego me comunique oficialmente ante que autoridad de este país, y en que forma, debo formularlas a partir de ahora. Porque, desde luego, el historiador militar que suscribe no va a renunciar en absoluto a que el pueblo español sepa, clara y contundentemente, que clase de “salvador de la democracia” ocupa la jefatura del Estado y, además, está convencido de que, aunque la sacrosanta Constitución del 78 especifica con rotundidad manifiesta que este hombre (o dios), el rey, es inviolable e irresponsable ante la justicia de los hombres (esperemos que ante la divina, no), algún mecanismo debe existir en un Estado democrático y de derecho como se supone es el español de hoy, para poder sentarlo en el banquillo si se demuestra que ha cometido delitos execrables.
Mecanismos democráticos, como los puestos en marcha recientemente en un país en vías de desarrollo y, en teoría, menos respetuoso que España con los parámetros propios de un Estado de derecho como es Perú, en el que se acaba de condenar nada menos que a veinticinco años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori, por unos delitos prácticamente iguales a los presuntamente cometidos por el rey Juan Carlos I en la década de los ochenta del siglo pasado: golpismo y terrorismo de Estado.
Porque, de no ser así, señor presidente del Congreso de los Diputados, si el actual jefe del Estado español (a título de rey por deseo testicular del dictador Franco; asquerosa eyaculación política que, sin embargo, aceptó sin rechistar la aborregada y cobarde ciudadanía de la época con sus dirigentes políticos a la cabeza) está por encima de las leyes y de la justicia de los hombres, dígame en que se diferencia VE de, por ejemplo, el antiguo presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del reino, el falangista Rodríguez de Valcárcel. Ante quien, por cierto, el 22 de noviembre de 1975 juró fidelidad a los principios fundamentales del Estado fascista salido de julio de 1936, el actual rey de España, Juan Carlos I, el último Borbón.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 16 de febrero de 2010
El Frente Polisario aplazó ayer sin fecha la reunión que tenía previsto mantener con el PSOE después de que su secretario de Organización, Marcelino Iglesias, anunciara que no pensaba asistir y delegara en la secretaria de Política Internacional del partido, Elena Valenciano.
El encuentro había sido acordado entre Valenciano y el delegado del Polisario en España, Bucharaya Beyun, el pasado 25 de noviembre en París.
El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, mostró su malestar ante los cambios de agenda: "han introducido cuestiones que nosotros no teníamos previstas para tratar en esa reunión", señaló. Elena Valenciano dijo que nunca se había hablado de "intermediación", sino que "a reunión se había planteado con motivo de "buscar un espacio de encuentro y diálogo entre las partes".
Por su parte, el delegado en España de los saharauis, Bucharaya Beyun, justificó la cancelación diciendo que "se nos quería privar de hablar del referéndum, del derecho a la libre determinación".
Marcha a Madrid hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores
Una quincena de personas, entre saharauis y activistas, que permanecían instalados en una jaima desde hace algo más de dos meses frente a la sede de la Delegación de Gobierno en la Comunitat, en la plaza del Temple de Valencia, se trasladarán con la jaima al Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid, hasta que la responsable de esta cartera, Trinidad Jiménez, les atienda y puedan trasladarle directamente sus reivindicaciones.
Así lo ha explicado la portavoz del grupo, Nadira Mohamed, quien ha explicado que este viernes saldrán en varios coches hasta Albacete, donde les esperan más activistas y, desde allí, comenzarán una marcha a pie hasta Madrid. El fin de esta acción, según ha comentado, supone "un nuevo paso en la lucha", puesto que no han recibido "ninguna respuesta" de la Delegación de Gobierno de la Comunitat.
Además, Nadira Mohamed ha señalado que ya han enviado una carta a Jiménez en la que le han solicitado una entrevista para transmitirle sus "inquietudes". La marcha a pie comenzará este sábado en Albacete y llegará el próximo 27 de febrero a Madrid, fecha que coincide con el aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática.
La carta enviada a la ministra denuncia "la gravedad de la situación que sufre el Sáhara Occidental" y recuerda que "el Estado español sigue siendo la potencia administrativa" de este territorio, razón por la cual España constituye una "pieza clave" en la resolución del conflicto con Marruecos.
La noche del 4 de febrero, Eduardo Villagomez, integrante de la organización antifascista RASH Quito, quien estuvo como testigo durante el juicio de Álvaro Paredes, fue atacado cobardemente por dos neonazis de la agrupación ANR (Acción Nacional Revolucionaria). Eduardo, fue internado en un hospital luego de haber recibido 6 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, lo que constituye un intento de asesinato.Lo ocurrido es producto de la inoperancia del Estado, de la indiferencia hacia mas de 25 denuncias hechas ya en el pasado, por personas con una visión política de izquierda que han sido atacadas por adoradores de Hitler y su mentalidad de exterminio, mientras se apuran en juzgar y mantener en la cárcel a militantes y luchadores sociales, se deja libres e impunes a neonazis.
Todos estos ataques deben terminar, si hubiera justicia, señores que actuaron en el juicio investiguen, revisen los casetes del programa la televisión y se darán cuenta de lo que viene o esperan que haya más apuñalados o muertes.
¡Exigimos justicia y libertad para Álvaro y todxs lxs compañeroxs antifascistas!
Nosotros los jóvenes antifascistas, no estamos satisfechos con la decisión de la justicia impartida en contra de nuestro compañero Álvaro Paredes, quien confiando en la justicia se entregó para demostrar la agresión y brutal emboscada realizada por el grupo Neonazi (ANR) en especial de los hermanos Chimborazo quienes cobardemente fueron a buscarle para agredirle, en su centro de estudios.
Nuestro compañero como él lo manifestó en su declaración ´me entrego para demostrar mis principios, mi dignidad mi legitima defensa´ ante el ataque cobarde de estos jóvenes.
Así mismo se demostró en la Audiencia de juzgamiento que los testigos de ellos eran falsos, dos de ellos presos por perjuros, los hermanos Chimborazo otros falsos quienes manifestaban que fueron a donde un amigo por el Inca, pero no sabían ni el nombre del amigo ni las calles del Inca donde se bajaron, falso!, jamás fueron a buscar al amigo ni comprar banderas o micrófonos como los sorprendieron a las autoridades, fueron en cacería de nuestro compañero antifascista.
Como se manifiesta en los videos del programa La Televisión, las declaraciones de la Sra. Del kiosco de comidas.”Aquí los jóvenes estaban comiendo guatita vino otro y dijo esta en las cabinas y esta queriendo llamar por teléfonos; Saca el bate (y los bates sacan de la mochila y esconden en la manga de la camisa) y con unos toletes o bates extensibles, pasan corriendo, hacia las cabinas a agredir a nuestro compañero mientras el sale corriendo pidiendo auxilio.
Pero esto no les inmuta a las autoridades, dice el Fiscal ellos atacaron con cosas que no podían matarle, que iluso, los extensibles son de metal y eran tres chicos KAMIKASES como sus familiares lo dicen preparados para matar.
Invitamos a reflexionar al Fiscal, la jueza y más autoridades revisen los videos y se den cuenta la clase de agrupación que son estos grupos Neonazis, su forma de actuar, su comportamiento y la mañosería, incluyendo a sus padres siendo cómplices y de igual manera declarase fascistas, estaba planeado, los bates y más instrumentos de la emboscada lo entregaron a una señora de negro, es decir su madre,
ya estuvieron ahí en la espera de acontecimientos como es que ya tenían fotos sabían el nombre de Álvaro.
No era que casualmente pasaban por ahí el padre y madre cayeron en contradicciones, los testigos en su mayoría todos viven en Monjas, al igual que los hermanos Chimborazo, sus familiares y conocidos.
Como la señora jueza, al mirar los videos Sr. Fiscal teniendo toda esta información porque no realizó un mejor trabajo.
Para ellos fue triunfo, en la audiencia, abajo en la calle los padres y jóvenes nazis dijeron de todo, amenazaron, la policía que vigilaba los requiso toletes navajas y más elementos que utilizan para sus ataques pero esto no sirve para juzgar a l compañero.
Basta!! autoridades ahora ya comenzó los ataques con un testigo luego quienes vendrán, familiares de nuestro compañero Álvaro, los jóvenes antifascistas y todos los colectivos que estaban apoyando además de esto se nos tomo fotos por parte de los cobardes FACHOS.
HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS COLECTIVOS A MANTENERSE EN ALERTA Y CUIDADO ANTE POSIBLES Y PLANIFICADOS ATAQUES CON LA VENIA DE AUTORIDAES DE JUSTICIA QUE CONOCEN PERO LES DA MIEDO O SIMPLEMENTE MIRAN PARA OTRO LADO, UNA VEZ MAS QUEDA SENTADO LA INOPERANCIA DEL ESTADO, NO PODEMOS CONFIAR MAS EN LA JUSTICIA, UN APARATO MAS A FAVOR DE LA REPRESION CAPITALISTA, RECORDEMOS QUE EL FASCISMO ES TAMBIEN UNA EXPRESION MAS DEL CAPITAISMO.
PEDIMOS LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ALVARO PAREDES
NOS SOLIDARIZAMOS CON EDUARDO VILLAGOMEZ
NO HABRA AGRESION SIN RESPUESTA
NO MÁS CRIMENES POR PARTE DE NEO-NAZIS, QUE QUEDEN EN IMPUNIDAD.
CONTRA EL CAPITAL, CONTRA EL FASCISMO!
Interesante documental que la librería La Libre proyectará el jueves, 10 de febrero, a las 20:00, dirigido por Adolfo Dufour Andía y producido por Pantalla Partida.
“Flor, hermana de Xosé Humberto Baena, prosigue la incansable lucha que determinó la vida de sus padres durante los últimos años de su vida: reivindicar la inocencia y la memoria de su hermano. Xosé Humberto era militante del FRAP, y murió fusilado el 27 de septiembre de 1975 tras un Consejo de Guerra Sumarísimo, en las postrimerías del franquismo, donde fue acusado del atentado que mató al policía armada Lucio Rodríguez. En el proceso no se presentaron pruebas materiales ni testigo alguno. Xosé Humberto siempre mantuvo ante su familia que era inocente.”
Durante la década de los sesenta, la España franquista fue refugio de pistoleros y voceros del neofascismo internacional. Criminales perseguidos por diversos motivos, incluyendo asesinatos y actos de terrorismo en sus respectivos países, fueron acogidos con los brazos abiertos por la dictadura y los apadrinó como hijos predilectos, contando con la total y absoluta simpatía de la oligarquía del régimen y las altas instancias del Ejército. De esa forma, el Estado español se configuraba como uno de los principales puntos de lanzamiento en la Europa occidental desde los cuales pistoleros argentinos, terroristas italianos etc., perpetraban sus ataques con total impunidad a cambio de la realización de otras operaciones terroristas contra objetivos marcados por el propio Estado español contra militantes de organizaciones progresistas contrarias a la dictadura, como los sucesos ocurridos en Montejurra o en Madrid, con el asesinato de varios abogados laboralistas.
Hoy, esa misma situación no parece haber cambiado mucho. En ese sentido, el Estado español parece seguir siendo el mismo estercolero que hace 40 años, al cual viene a parar toda la basura proveniente del resto de Europa a impartir su verborrea racista, jaleada por los hijos de los mismos asesinos del pasado y atraídos por el ‘’paraíso del fascismo’’ que parece representar el Estado español.
El 29 de Septiembre, organizada por el partido xenófobo y ultraderechista Democracia Nacional y la Librería Europa, estaba prevista una conferencia titulada ‘’Historia y represión’’, impartida por el ex-presidente nacional del Partido Nacional-Demócrata de Alemania (NPD) durante cinco años, Günter Deckert. Este siniestro personaje, además de contar con una dilatada trayectoria en la fascismo alemán, destaca por ser uno de los principales autores que realizan una labor de negación del genocidio llevado a cabo por el gobierno nacional-socialista de Adolf Hitler, lo cual en su país natal le ha valido para resultar culpable de delitos tales como sedición, incitación al odio racial y difamación a las victimas del holocausto, habiendo sido sentenciado e ingresado en prisión en varias ocasiones por dichos cargos, incluyendo un periodo de cinco años que comprende desde 1995 a 2000. Mientras que en otros territorios del Estado este tipo de conferencias son previamente grabadas para una posterior investigación policial, en Madrid no hubo ningún tipo de vigilancia previa por parte de la Delegación de Gobierno ante este tipo de eventos en los cuales se realiza apología del racismo y del genocidio nazi.
Deckert es también conocido por haber traducido del inglés al alemán el informe Leuchter, en el cual se trata de negar la utilización de cámaras de gas como medio de exterminio utilizado por el gobierno nazi y reducir el número de víctimas del nazismo. Este escrito fue originariamente encargado por el también alemán Ernst Zündel, condenado también en varias ocasiones por incitación al odio racial y por aprobar, negar y minimizar el genocidio nacional-socialista.
Ante esta infame situación y decididos a no ser meros testigos de la impunidad con la que acuden al Estado español estos individuos, un grupo de militantes antifascistas acudieron al hotel donde se celebraría la conferencia, con la determinación de hacer lo que estuviera en su mano por impedir la realización de la misma. Fueron once los militantes antifascistas detenidos en consecuencia de esta acción, los cuales serán juzgados el próximo viernes 18 de Febrero a las 9:30 de la mañana en el Juzgado de lo Penal de la calle Julián Camarillo, número 11.
Este episodio represivo es uno de los tantos que cuentan a Soledad Mestre, anterior delegada del gobierno en Madrid, como principal ejecutora, que con especial saña acometió en innumerables ocasiones contra el movimiento antifascista organizado. En los tres años durante los cuales Mestre desarrolló su labor, fueron 381 los años de cárcel pedidos en diferentes procesos judiciales para diversos militantes del movimiento antifascista, así como cientos de miles de euros impuestos a través de otro tipo de sanciones y multas. Finalmente, debido a su pésima labor se vio obligada a dimitir, lo cual ilustra con total claridad lo injusto de las detenciones ocurridas durante esos tres años.
¡¡ABSOLUCIÓN ANTIFASCISTAS REPRIMID@S POR SOLEDAD MESTRE Y EL PSOE!!
SER ANTIFASCISTA NO ES UN DELITO
No pasarán
Madrid, 7 de febrero de 2011
COMISIÓN ANTIRREPRESIVA DE LA COORDINADORA ANTIFASCISTA DE MADRID
Entrevista a Albert, víctima de un nuevo montaje policial en Barcelona, que será juzgado junto con otros dos compañeros suyos del PCPC, el próximo 14 de febrero.
